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A principios del siglo XXI, las empresas mexicanas se encontraban ante un potencial de crecimiento importante impulsado por la firma de numerosos acuerdos comerciales. Esta oportunidad se materializó en niveles crecientes de comercio que incrementaron significativamente la carga de trabajo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en términos de procesamiento de embarques.
Al mismo tiempo, México al igual que el resto de países del mundo, hacía frente a desafíos de seguridad cada vez más sofisticados y con un mayor impacto en las cadenas logísticas. El fatídico 11 de septiembre de 2001 fue un ejemplo claro de cómo un evento terrorista podía afectar los flujos del comercio internacional. Ante esta llamada de atención a nivel global los países reaccionaron para desarrollar un mecanismo preventivo que mitigue los riesgos y que permita a su vez facilitar los intercambios comerciales. Con estos antecedentes se originaron en México y en otros países los programas de Operador Económico Autorizado (OEA) que apuntan a asegurar la cadena logística a nivel global y a acelerar el procesamiento de los embarques de las empresas que comercian.[1]